BRASIL
El Gobierno firma un acuerdo que somete a los brasileños al espionaje de EE. UU.
Una orden ministerial controvertida permite a las autoridades estadounidenses acceder a información estratégica de la aduana brasileña
El 10 de abril de 2026, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a través del Ministerio de Hacienda, anunció la finalización del Proyecto MIT (Equipo de Interdicción Mutua, por sus siglas en inglés) y el lanzamiento del programa DESARMA. En la práctica, los proyectos integran la Agencia Tributaria de Brasil con la agencia de fronteras de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
El proyecto prevé la presencia de inteligencia extranjera y el intercambio de datos en tiempo real sobre toda la logística de la carga en los puertos y aeropuertos brasileños. Lo que el recién nombrado ministro de Hacienda, Dario Durigan, presenta como una «prioridad para mantener la seguridad de los países» no es más que la apertura de los servidores y del control territorial brasileño al mismo país que, en este preciso momento, utiliza el pretexto de la lucha contra el crimen para desestabilizar gobiernos y promover operaciones militares en América Latina y Oriente Medio.
El delito de traición a la patria está consolidado en la Orden Ministerial de la RFB n.º 663/26. El documento autoriza formalmente la ejecución de acciones coordinadas con la agencia de fronteras de EE. UU., permitiendo que las autoridades estadounidenses tengan acceso a información estratégica de la aduana brasileña. El centro tecnológico de esta operación es el sistema DESARMA, un programa informático que rastrea armas, municiones, componentes y materiales sensibles.
Según el secretario especial de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, el intercambio de información se produce siempre que la aduana identifica productos de origen estadounidense o destinados a Brasil. El sistema registra el tipo de material, el origen declarado, los datos logísticos de la carga y los números de serie. Con ello, Brasil pasa a alimentar la base de datos de inteligencia de Estados Unidos con información detallada sobre exportadores, remitentes y operadores logísticos nacionales.
La justificación oficial del Gobierno se centra en las cifras: la incautación de 1,1 toneladas de piezas de armas procedentes principalmente de Florida en los últimos 12 meses y el aumento de las incautaciones de drogas en el Aeropuerto de Guarulhos, que pasaron de 89 kg en 2024 a más de 1,5 toneladas en el primer trimestre de 2026. Las estadísticas policiales, sin embargo, solo sirven para encubrir la operación política.
Mientras el Ministerio de Hacienda celebra la «integración de inteligencia» con Estados Unidos, el escenario internacional revela la verdadera cara de las agencias que ahora tienen acceso directo a los datos brasileños. La firma de este acuerdo se produce justo en el momento en que el imperialismo estadounidense abandona cualquier simulacro de diplomacia para adoptar la política de la fuerza bruta. La reciente captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de EE. UU. —una operación de piratería internacional ejecutada bajo el pretexto jurídico de la lucha contra el narcotráfico— demuestra que las agencias fronterizas y de seguridad son meros instrumentos para la injerencia en los países oprimidos.
La sumisión brasileña se vuelve aún más peligrosa ante la agresión a Irán. El imperialismo estadounidense ha utilizado el control de las rutas marítimas y el rastreo de cargas «sensibles» para estrangular la economía persa. El intercambio de datos logísticos de puertos como Santos y Paranaguá permite a EE. UU. monitorizar no solo el tráfico de armas, sino todo el movimiento comercial que pueda contravenir sus intereses políticos inmediatos.
Al calificar a grupos criminales locales de «terroristas», Estados Unidos se arroga el derecho de aplicar sanciones económicas extraterritoriales, congelar los activos de cualquier empresa que haya tenido contacto indirecto con esas zonas y, en última instancia, justificar operaciones militares de «precisión» o ayuda directa fuera del control de las autoridades brasileñas.
La sumisión del Gobierno brasileño a los servicios de inteligencia imperialistas es solo una cara de un cerco mucho más amplio, que avanza sobre la economía y los recursos naturales del país. Mientras el Ministerio de Hacienda abre las puertas de la Agencia Tributaria a la inteligencia estadounidense, Estados Unidos lanza una ofensiva agresiva para garantizar el control sobre los minerales críticos brasileños y para sabotear la infraestructura financiera nacional.
En febrero de 2026, el Gobierno de Donald Trump presentó a Brasil una propuesta de acuerdo minero que, bajo el pretexto de la «cooperación», busca garantizar el suministro exclusivo de tierras raras y otros insumos esenciales para la industria bélica y tecnológica estadounidense. El texto de la propuesta, obtenido a través de canales diplomáticos, es explícito en su intención de reorganizar las cadenas productivas para aislar a China —actualmente el mayor socio comercial de Brasil—.
En el mismo periodo en que el Gobierno de Lula cedió en el proyecto DESARMA, las agencias del Gobierno de Trump intensificaron los ataques contra el sistema Pix. Informes recientes elaborados por agencias comerciales de EE. UU. califican el sistema de pagos instantáneos brasileño como una «práctica desleal» contra empresas estadounidenses, como las marcas de tarjetas de crédito y las procesadoras de pagos que dominan el mercado global.
Al aceptar el acuerdo minero en los términos de Trump, Brasil se posiciona directamente en el bando «anti-China», poniendo en riesgo el principal pilar de sus exportaciones a cambio de una vaga promesa de «financiación» que ni siquiera tiene valores definidos en el contrato. Mientras tanto, el control aduanero compartido permite a EE. UU. saber exactamente qué entra y sale de Brasil, lo que facilita la aplicación de sanciones económicas en caso de que el país intente resistirse al cerco mineral o financiero en el futuro. La «cooperación» es, en realidad, la cuerda con la que el imperialismo pretende atar las manos de la política económica brasileña.
La culminación de este proceso de entrega de la soberanía brasileña revela el «gran truco» de la política exterior del actual Gobierno. Ante las cámaras, el presidente Lula adopta un tono desafiante, afirmando que Trump «no debería meterse con Brasil» y que, si el presidente estadounidense conociera a «un nordestino enfadado», tendría más cuidado. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda abre las puertas al espionaje extranjero.
