Bolivia
El expresidente Luis Arce denuncia haber sufrido tortura psicológica en prisión
Dirigente del MAS está siendo investigado por presunta corrupción en el caso conocido como «Fondo Indígena»
El expresidente boliviano Luis Arce Catacora denunció estar siendo sometido a «tortura psicológica» y a un «secuestro al margen de la ley» bajo las órdenes del Gobierno de Rodrigo Paz. El relato se hizo a través de una carta manuscrita enviada desde la prisión de San Pedro este lunes (6).
En prisión preventiva desde diciembre de 2025, el exmandatario firmó el documento como «preso político» y afirmó que la privación de su libertad se produjo sin que existiera una orden legal de detención ni notificación previa de proceso. Arce es investigado por presunta corrupción en el caso conocido como Fondo Indígena, relativo al período en que se desempeñó como ministro de Economía.
Según la denuncia del expresidente, el sistema penitenciario y judicial ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de su defensa para que se le realicen exámenes cardiológicos, ignorando las recomendaciones médicas y poniendo en riesgo su integridad física. En la carta difundida por la red Erbol, Arce describió que fue alojado en celdas sin las condiciones mínimas para ser habitadas y sometido a un régimen de vigilancia ostensible, que incluye registros constantes en fotos y vídeos durante el baño de sol en el patio del centro penitenciario de La Paz. La carta señala además una reciente operación de registro y confiscación en su domicilio, acción que el exmandatario califica como parte de una estrategia de «muerte civil y política».
El actual escenario de persecución contra miembros de la oposición marca la consolidación del gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el poder tras la crisis que afectó al Movimiento al Socialismo (MAS). Antes de su detención, Luis Arce había roto con la base de su partido y había dado respaldo institucional a la proscripción y persecución judicial del líder Evo Morales, medidas que allanaron el camino para la victoria electoral de la derecha.
La crisis del MAS se desarrolló cuando el Gobierno de Arce, a través del Ministerio de Justicia, validó las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que proscribieron el movimiento de Evo Morales y ratificaron su inelegibilidad para las elecciones de 2025. En ese período, el Gobierno utilizó el aparato de seguridad del Estado para reprimir a sectores campesinos que protestaban contra lo que calificaban como una exclusión del movimiento popular del régimen político, lo que dio lugar a detenciones de dirigentes sindicales bajo acusaciones de «terrorismo».
La represión contra los trabajadores, que habían sido el motor de la resistencia al gobierno golpista de Jeanine Áñez en 2019, se produjo simultáneamente al fortalecimiento de una burocracia estatal que pasó a depender exclusivamente de decisiones judiciales y decretos para gobernar, allanando el terreno para el ascenso de la extrema derecha.
La derrota electoral de Arce fue seguida de una rápida reestructuración del Ministerio Público, que pasó a estar ocupado por personal vinculado al nuevo gobierno. La nueva administración utilizó los mismos precedentes jurídicos e instrumentos validados durante el mandato de Arce para iniciar las investigaciones sobre el Fondo Indígena y otros casos de corrupción. La actual detención del expresidente en San Pedro refleja la puesta en marcha de la maquinaria represiva y judicial que, durante su propio gobierno, se dirigió contra antiguos aliados políticos y movimientos de protesta.
