BRASIL
Burla contra el trabajador
Correos recorta beneficios históricos de la categoría mientras celebra un contrato de 130.000 euros con abogados
En una muestra de desprecio hacia la clase trabajadora, la dirección de Correos oficializó el pasado viernes 6 de febrero de 2026 la contratación sin licitación del bufete de abogados «Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo» por 130.000 euros. El objetivo del contrato es garantizar la defensa de los dirigentes y exdirigentes en los procesos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) sobre las «pedaladas fiscales» ocurridas en 2023. El gasto en abogados de lujo se produce solo diez días después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), asestara un golpe brutal a los trabajadores: el 27 de enero de 2026, Moraes suspendió los beneficios históricos de la categoría, alegando que la empresa se encuentra en una situación financiera «precaria».
La cronología de los hechos revela la cara perversa de la burocracia estatal. Mientras que a los trabajadores de base les arrebataron su plan de salud, el «vale-peru» y la gratificación de vacaciones del 70 % con un simple trazo de pluma judicial a finales de enero, los altos cargos de la empresa estatal no tardaron ni dos semanas en encontrar casi un millón de reales para blindar su propio patrimonio personal. Documentos internos muestran que la prioridad del contrato es «eximir de responsabilidad personal al directivo», es decir, utilizar el dinero que dicen que falta para los vales de comida para proteger a la cúpula.
El contraste es violento. Correios, que registró unas pérdidas de 6100 millones de reales entre enero y septiembre de 2025, utiliza la crisis como pretexto para exprimir a los trabajadores, pero ignora la existencia de 300 abogados contratados en la propia empresa para contratar a un bufete externo. La maniobra jurídica fue articulada por la exdirectora Juliana Picoli Agatte, una política designada que ya ha abandonado el barco para ocupar un cargo en el Ministerio de Deportes.
La decisión de Moraes del 27 de enero respondió a un recurso de la propia empresa contra el laudo dictado por el Tribunal Superior del Trabajo (TST) en diciembre de 2025. En la práctica, la dirección de Correios pidió al STF que retirara la comida de la mesa de los empleados con el argumento de que la empresa está en quiebra, mientras negociaba simultáneamente contratos de 139.000 euros para garantizar que sus directores quedaran impunes por las irregularidades contables que ellos mismos generaron.
No hay una «crisis técnica», sino una política de expoliación y un sabotaje deliberado con el objetivo de privatizar la empresa. Si hay 130.000 euros para abogados privados y miles de millones para rescatar a los bancos que financiaron la empresa estatal, tiene que haber dinero para el convenio colectivo. La categoría debe responder a la altura de esta provocación: la protección de los directores en febrero, justo después del robo de los beneficios en enero, es la prueba definitiva de que la empresa juega abiertamente contra los trabajadores.
