Milei coloca a Argentina bajo intervención militar

El gobierno golpista de Javier Milei decretó, el día 20, una amplia reforma en el papel de las Fuerzas Armadas Argentinas, otorgándoles responsabilidades que exceden los límites impuestos por la legislación anterior, de 2006. La medida, implementada a través del Decreto 1112/2024, instituye la intervención militar contra el país, autorizando acciones militares en casos de amenazas “terroristas”, control de fronteras y protección de infraestructuras estratégicas. El decreto, publicado en Boletín Oficial, marca un cambio en el papel militar en el país, anteriormente restringido a conflictos armados entre Estados.

Según el texto oficial, las Fuerzas Armadas están autorizadas a intervenir en tierra, mar, aire, ciberespacio y en el espectro electromagnético, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto. Una de las novedades más significativas es la colaboración en el control de fronteras, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia en zonas consideradas críticas y supuestamente combatir actividades como el tráfico de drogas, el contrabando y la entrada de grupos armados. Además, las nuevas regulaciones permiten la participación militar en la protección de instalaciones esenciales, como represas y centrales nucleares, declaradas “zonas militares”.

El golpista Milei afirmó que: “El terrorismo y el crimen organizado transnacional son amenazas reales que requieren respuestas contundentes”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también defendió la medida como una necesidad ante las amenazas internas y externas.

La resistencia a la medida ha sido enfática por parte de entidades como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes denunciaron el impacto en las libertades de la población. Estas organizaciones también criticaron el despido de más de 2.400 trabajadores del Ministerio de Justicia, medida que debilita a la Secretaría de Derechos Humanos.

La reforma no es un hecho aislado, sino parte de un conjunto de políticas de austeridad y represión que forman parte del programa del gobierno de Milei desde su toma de posesión en noviembre de 2024. Al mismo tiempo que se anunciaba el decreto, se producían protestas contra los recortes sociales, seguridad, privatizaciones y destrucción de derechos laborales, en los que la represión estatal ha sido una constante.

Históricamente, el término “terrorismo” se utiliza para justificar intervenciones autoritarias y represiones políticas. Durante las dictaduras militares sudamericanas de la década de 1970, cualquier oposición al régimen era etiquetada de “terrorista”, legitimando secuestros, torturas y asesinatos en masa.

Organizaciones como los Montoneros, en la propia Argentina, fueron blanco de campañas sistemáticas basadas en esto. La misma estrategia se utilizó en otros países del Cono Sur, como Brasil, Chile y Uruguay, bajo los auspicios del Plan Cóndor, una alianza represiva coordinada por las dictaduras militares de la región con el apoyo de Estados Unidos.

En Europa, la Resistencia francesa, que luchó contra la dictadura nazi durante la Segunda Guerra Mundial, también fue calificada de “terrorista” por los nazis y declarada ilegal. Esta etiqueta buscaba desmoralizar sus operaciones de inteligencia y guerrilla urbana contra la ocupación nazi.

En las décadas de 1970 y 1980, se utilizó el mismo método contra movimientos de izquierda en diferentes partes del mundo, incluidas organizaciones que lucharon contra el apartheid en Sudáfrica, como el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, y los movimientos de liberación nacional en Asia y África. En el caso del mundo árabe, la lucha contra la ocupación de Palestina por la dictadura sionista de “Israel” ejemplifica esta estrategia.

Grupos como Hezbollah y Hamas, que resisten la ocupación y defienden el derecho a la autodeterminación, a menudo son clasificados como “terroristas” por “Israel” y el imperialismo. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) también enfrentó esta etiqueta durante años mientras lideraba la lucha del pueblo palestino contra la invasión sionista.

También vale la pena resaltar las similitudes entre la Argentina de Milei y otras dictaduras actuales. En El Salvador, Nayib Bukele utiliza el pretexto de luchar contra el crimen para justificar la represión masiva. Dina Boluarte, en Perú, reprime las manifestaciones populares con extrema truculencia, mientras en Ecuador, Daniel Noboa adopta medidas que centralizan el poder y debilitan a la oposición. Sin embargo, no es necesario ir muy lejos. En Brasil ocurre lo mismo, como lo demuestran los casos de Lucas Passos y el marroquí Abdelkrim Ennahi.*

*El Mossad en Brasil ha estado dirigiendo deportaciones y arrestos basados en cargos de terrorismo a través de la policía federal.

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