Un tema clave en la crisis brasileña
Tres luminarias de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso se levantaron contra las declaraciones de Lula sobre la economía. Plantearon las principales preocupaciones de los banqueros ante el nuevo gobierno en una carta abierta y, de esta manera, dejaron en evidencia el principal problema de la economía nacional, vigente desde la dictadura militar, agravado por los gobiernos golpistas desde 2016
Rafael Dantas
Para cumplir las promesas de desarrollo económico y mejora de las condiciones de vida de la población, el gobierno Lula que comienza en 2023 tendrá que enfrentarse a un verdadero monstruo: la Deuda Pública Federal que consume más de la mitad del gigantesco Presupuesto del Estado Nacional.
Entre las propuestas del presidente electo están: el aumento de los gastos y beneficios sociales con el mantenimiento de R$ 600 mensuales para el Bolsa Família y la concesión de R$ 150 por niño de hasta seis años a las familias beneficiarias; aumento real (por encima de la inflación) del salario mínimo y continuidad de la exención de impuestos federales sobre el combustible.
La aplicación de este programa tropieza con un obstáculo importante. Se han puesto en marcha una serie de mecanismos para preservar el pago de los intereses de esta deuda, como el techo de gasto, la ley de responsabilidad fiscal y las políticas de austeridad impuestas sucesivamente por los gobiernos de Temer y Bolsonaro. El techo de gasto garantiza que el presupuesto destinado a todo el gasto público en infraestructuras, salarios, pensiones, sanidad, educación, transporte, etc. no superará una cantidad determinada, asegurando que la parte destinada al pago de intereses de la deuda pública permanece intacta y a disposición de los acreedores.
El equipo de transición sigue trabajando en una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que deberá ser aprobada por el Congreso para garantizar recursos para que las principales propuestas se pongan en práctica inmediatamente después de la toma de posesión de Lula. En resumen, para garantizar la modestísima ayuda de R$ 600 el próximo año, el equipo de transición propuso superar el límite de gasto (techo) establecido en el Presupuesto.
«Si digo esto [que será necesario superar el techo de gasto para poner en práctica los programas sociales prometidos] la bolsa caerá, el dólar subirá. Paciencia. Porque el dólar no sube y la bolsa no baja por culpa de la gente seria, sino de los especuladores que especulan todos los días», dijo Lula.
El «mercado» reacciona
Un trío siniestro se ha pronunciado al respecto. Armínio Fraga (ex presidente del Banco Central), Edmar Bacha (ex presidente del BNDES) y Pedro Malan (ex ministro de Finanzas del gobierno de Fernando Henrique Cardoso) publicaron el 17 de noviembre una carta abierta criticando a Lula por lo que dijo sobre la responsabilidad fiscal y el techo de gasto en un discurso pronunciado en la COP27.
Los banqueros, representados por tres economistas vinculados al PSDB, impugnan las medidas propuestas por el equipo de transición: «Créanme, compartimos sus preocupaciones sociales y civilizadoras, su razón de vivir. No podemos vivir con tanta pobreza, desigualdad y hambre aquí en Brasil.
«(…) La subida del dólar y la caída de la Bolsa no son producto de la acción de un grupo de especuladores malintencionados. La responsabilidad fiscal no es un obstáculo para el noble deseo de responsabilidad social, por ahora o lo antes posible.
«(…) El techo de gasto no quita dinero de la educación, la sanidad, la cultura, para pagar intereses a los avariciosos banqueros. No es una conspiración para desmantelar el área social». Podríamos decir que, en parte, hasta tienen razón: no es una conspiración sólo para desmantelar el área social, es una conspiración contra el País en su conjunto, contra cualquier perspectiva de desarrollo económico y de salir del retroceso económico que vivimos desde hace casi cinco décadas.
La deuda pública, tema central
La prensa económica martillea a diario: «El agujero en el techo de gasto presionará sobre la deuda pública y hará muy difícil que el presidente electo cierre el gobierno con superávit primario» («Lula va contra lo que llevó al éxito a sus dos gobiernos», por Fernando Canzian, Diário do Comércio, 17 de noviembre de 2002).
«Las estimaciones muestran una cifra de 175.000 millones de reales al año, equivalente a cerca del 2% del PIB, que el nuevo Gobierno quiere mantener fuera del techo durante todo su mandato. El monto presionará el aumento de la deuda pública y hará muy difícil que Lula termine su gobierno (con este monto de gastos adicionales) realizando un superávit primario del 2% del PIB, considerado necesario para estabilizar la deuda pública en relación al PIB.» (ídem)
El problema central es que los banqueros roban cada año a las arcas públicas llevándose más de la mitad del presupuesto a través del pago de los intereses de la Deuda Pública. Definámoslo de forma sencilla. Karl Marx escribe en El Capital (Libro I – El proceso de producción del capital, Vol. II, pp. 872-873, 12ª edición, traducción de Reginaldo Sant’Anna, Bertrand Brasil)
«La deuda pública se convierte en una de las palancas más poderosas de la acumulación primitiva. Como una varita mágica, dota al dinero de capacidad creativa, transformándolo así en capital, sin necesidad de que su propietario se exponga a las molestias y riesgos inseparables de las aplicaciones industriales e incluso usurarias. Los acreedores del Estado no dan nada en realidad, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda pública fácilmente transferibles, que siguen funcionando en sus manos como si fueran dinero. La deuda pública ha creado una clase de capitalistas ociosos y ha enriquecido súbitamente a los agentes financieros que sirven de intermediarios entre el gobierno y la nación. Las parcelas de su emisión adquiridas por recaudadores de impuestos, comerciantes y fabricantes privados les proporcionan el servicio de un capital caído del cielo. Pero además de todo esto, la deuda pública también dio lugar a las sociedades anónimas, al comercio de valores negociables de todo tipo, a la usura, en definitiva, al juego bursátil y a la moderna bancocracia.
«Los grandes bancos, adornados con títulos nacionales, no eran desde su origen más que sociedades de especuladores privados que cooperaban con los gobiernos y, gracias a los privilegios que recibían, estaban en condiciones de adelantarles dinero. Por lo tanto, la acumulación de la deuda pública tiene su medida más infalible en las sucesivas subidas de las acciones de estos bancos, que se desarrollaron plenamente desde la fundación del Banco de Inglaterra en 1694 (…) No bastaba con que el banco recibiera mucho más de lo que daba; aún recibiendo, seguía siendo eterno acreedor de la nación hasta que avanzaba el último penique. Progresivamente se convirtió en el guardián inevitable de los tesoros metálicos del país y en el centro de gravitación de todo el crédito comercial. En Inglaterra, cuando dejaron de quemar a las hechiceras, empezaron a ahorcar a los falsificadores de billetes».
Hoy en día, el sistema descrito por Marx es gigantesco y mundial. Brasil no es una excepción a la regla y está atrapado en este sistema.
El Presupuesto Federal para 2021 fue de 3,861 billones de reales. De esta cantidad, el 50,78% se destinó al pago de intereses y a la amortización de la deuda del Estado con los bancos y los especuladores (como muestra el gráfico de esta página).
«En 2021, el gobierno federal gastó 1,96 billones de reales en intereses y amortización de la deuda pública, lo que representa un aumento del 42% en comparación con la cantidad gastada en 2020, que a su vez ya había sido un 33% mayor que en 2019. Por tanto, en los dos últimos años, el gasto financiero en deuda federal casi se ha duplicado. A pesar de estos grandes pagos, en 2021 la Deuda Pública Federal aumentó en R$ 708 mil millones, habiendo crecido de R$ 6,935 billones a R$ 7,643 billones», dice el informe del 15/2/2022 titulado «Gasto en Deuda Pública sin contrapartida casi se duplicó de 2019 a 2021» (énfasis añadido) publicado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – organización que, desde 2001, exige que el Gobierno facilite los datos relativos a la deuda, que no se facilitan íntegramente al público y cuya exposición por los medios oficiales se hace de forma técnica y prácticamente incomprensible para el ciudadano de a pie.
La situación se agrava por el hecho de que Brasil tiene el tipo de interés real más alto del mundo. «El Banco Central anunció el miércoles (26 de octubre) su decisión de mantener, por segunda vez consecutiva, el tipo de interés básico (Selic) en el elevadísimo nivel del 13,75% anual, a pesar de la caída de la inflación en los tres últimos meses. Con esto, Brasil sigue teniendo el tipo de interés real más alto del mundo, según una encuesta realizada por la gestora de fondos Infinity y publicada en un informe en Valor Investe» citado en el artículo «Incluso sin aumentar la Selic, Brasil sigue con el tipo de interés real más alto del mundo» en el sitio web de Auditoría Ciudadana de la Deuda el 27 de octubre.
Nótese que quien define estos tipos de interés estratosféricos es el presidente de un Banco Central independiente, es decir, que ni siquiera está bajo el control del gobierno federal y, por lo tanto, puede ser controlado directamente por los banqueros. Esto significa que los prestamistas pueden definir a voluntad cuánto pagarán de más los brasileños por sus préstamos.
La deuda no deja de crecer
En una entrevista concedida al Diário Causa Operária, el economista Marcelo Marcelino señaló que «desde la Constitución del 88, la llamada Constitución Ciudadana de la República, en su artículo 166, contiene una exigencia de preferencia del pago de intereses [sobre] cualquier otra medida económica que se adopte.
«Para que te hagas una idea del tamaño del absurdo que, desde la Constitución del 88, se ha creado en Brasil. No es que los absurdos no existieran antes, por supuesto que siempre existieron. Sólo que a lo largo del capitalismo neoliberal se han ido acentuando cada vez más. Y entonces, en 1988, se creó un dispositivo a través de esta ley 166 que asegura el pago de intereses como prioridad del Estado brasileño. Entonces llegó el Plan Real.
«El Plan Real se convirtió en la mayor estrategia muy exitosa del capitalismo rentista, el del mercado financiero, en utilizar la política económica a través del Banco Central para sus propios y particulares intereses, de los grandes grupos económicos del capital financiero nacional e internacional, a través del pago de los intereses de la deuda pública. Porque nuestra deuda pública era de cerca de R$ 60 mil millones al inicio del Plan Real. Ahora supera los R$ 7 billones, justamente por el pago de intereses abrasadores a este perverso sistema económico y financiero impuesto por el imperialismo de los grandes bancos financieros internacionales.
«Empezando por el banco BPI, el Banco Central de Bancos Centrales, creado en 1930, justo después de la crisis del 29, que empezó a intermediar los pagos de varios grupos empresariales y familias históricas del poder financiero internacional. Y después de la Segunda Guerra Mundial se crearon otros bancos en esta línea. Pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional fue el responsable de exigir a los países dependientes, como Brasil y América Latina en particular, la adopción de políticas económicas neoliberales, la privatización de las empresas brasileñas, la externalización de los servicios públicos y el aplanamiento del gasto público.
«En 2000, esta demanda en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en su segundo mandato, llegó al momento cumbre porque se creó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que está diciendo claramente lo siguiente: para las inversiones públicas, sociales y de infraestructura más allá de la máquina estatal, hay un límite máximo, el pago de los empleados, etc., Pero para [el pago de] los intereses de la deuda pública, no hay límite. Parece increíble, pero está en la ley muy claramente, para el pago de intereses no hay límite en el presupuesto del Estado.
«Y luego, como el absurdo no para ahí, con el golpe de Estado de 2016, Temer, en diciembre del mismo año, lleva al Congreso Nacional, con la exigencia de estos mismos, la cuestión del techo de gastos por 20 años, [empeorando] la condición, que ya era muy mala, de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y [entra] en vigor en 2017. (…)
«Y encima, en el gobierno de Bolsonaro se votó en el Congreso la independencia y autonomía del Banco Central, que es una institución estratégica clave en la política económica brasileña. Independientemente del gobernante que asuma el cargo, el presidente del Banco Central no puede ser destituido salvo por faltas muy graves, que aún deben ser determinadas, en última instancia, votadas por el Congreso Nacional y ya no por el Presidente de la República.»
«(…) Brasil se convirtió, con el Plan Real y a lo largo de todas estas décadas que mencioné, en el país más estratégico de todo el mundo en capital financiero. Mira qué locura. Ningún país del mundo paga tipos de interés de esta magnitud. Ninguna. Es sencillamente absurdo. Incluso para países mucho más pequeños y menos desarrollados que Brasil. Incluso si se toma una tabla de salarios mínimos de los países sudamericanos, por ejemplo, Brasil está por detrás de Paraguay, por detrás de Uruguay, países muy frágiles en términos de desarrollo industrial, Paraguay prácticamente no tiene industria y paga un salario mínimo superior al de Brasil proporcionalmente a su moneda».
El mismo economista señalaba en un artículo que:
«Las aprobaciones de las contrarreformas de pensiones y laboral, la Enmienda Constitucional nº 95/2016, el llamado techo de gasto, la pseudo reforma administrativa – PEC 32 son políticas ultraliberales de ataque voraz y reaccionario contra la sociedad. Mientras tanto, las pérdidas se incorporan al stock de la Deuda Pública Federal y Estatal, con aumento exponencial, a pesar de los pagos ejecutados, sin demora a favor del servicio de la Deuda Pública (Intereses, Amortización y Refinanciación) todos los años» («La crisis estructural del capitalismo en tiempos de pandemia: financiarización y deuda pública en Brasil», capítulo del libro Mercantilización de la educación pública en Paraná, 2022, Platô Editorial, firmado por Marcelo Gonçalves Marcelino, Paulo Roberto dos Santos Lindesay y Geraldo Balduino Horn).
«Hoy el gobierno de Bolsonaro, en la figura de su ministro de Economía, Paulo Guedes, utiliza el mismo discurso; necesitamos privatizar para pagar la ‘deuda pública’. El stock de la Deuda Pública Federal no deja de crecer. En mayo de 2022, el stock alcanzaba los 7,098 billones de reales, es decir, el 78,2% del PIB. En el mismo período, el saldo de la deuda pública de los gobiernos estaduales con la Unión, en el ámbito de la Ley 9.496/97, alcanzó 554 mil millones de reales, o sea, 6,1% del PNB. A pesar del gran pago de casi 400 mil millones de reales realizado por los estados a la Unión, referente al saldo de la Ley 9496/1997, la deuda sigue creciendo» (ídem).
Según «datos oficiales del Banco Central de Brasil, referentes al crecimiento del stock de la Deuda Pública Federal en poco más de 46 meses, en el período del gobierno Bolsonaro (…) la Deuda Pública Federal creció en cerca de R$ 2 billones. ¿Cuál es la justificación plausible del crecimiento del stock bruto de DPF?».
De acuerdo con la encuesta de la Auditoría de la Deuda Ciudadana, el país pagó en 2019, cerca de R $ 2,8 mil millones por día en intereses y amortización de la deuda pública federal. En 2020, fueron R$ 3,8 mil millones por día y en 2021, R$ 5,4 mil millones diarios. Según la organización, la explosión del crecimiento de la Deuda en 2021 se explica por las siguientes razones: 1) los elevados tipos de interés, 2) la emisión excesiva de bonos de Deuda, 3) la acción de los mecanismos del «sistema de deuda» y 4) la falacia del «rollover«.
Sobre los tipos de interés, señalan que «mientras todo el mundo lleva años practicando tipos de interés cercanos a cero o incluso negativos, el coste medio de la deuda divulgada por el Tesoro Nacional en 2021 fue del 8,91% anual, un coste muy superior a la media del tipo de interés básico Selic, ya que la mayor parte de la deuda está indexada a otros tipos de interés mucho más altos».
«¡Los intereses consumieron mucho más que el valor de R$ 256 mil millones informado por el gobierno en el SIAFI como intereses de la deuda! Este valor está extremadamente subestimado, lo que se evidencia por la simple estimación calculada multiplicando el stock de deuda federal al final de 2020 (de R$ 6,935 billones) por la tasa media publicada por el Tesoro Nacional (8,91% a.a.), lo que resulta en un valor estimado de por lo menos R$ 618 mil millones.
«Esta estimación conservadora, que ni siquiera consideraba los intereses derivados de las nuevas deudas que surjan en 2021, pone al descubierto la falta de transparencia del Gobierno en relación con el gasto efectivo en intereses, lo que refuerza la necesidad urgente de auditar la deuda.
«El gasto en intereses ha sido históricamente el principal factor de crecimiento de la deuda pública, y en 2021 la situación se ha agravado aún más ante el aumento de la tasa Selic por parte del Banco Central, bajo la falsa justificación de ‘controlar la inflación’.
A esto se añade la emisión de bonos de la Deuda Pública Federal. ¡»El volumen total de operaciones de crédito realizadas por el gobierno federal en 2021 (la gran mayoría resultante de la emisión de títulos públicos) alcanzó el exagerado nivel de R$ 2,031 billones!
«(…) Esa montaña de dinero se consumió de la siguiente manera:
«- 1,670 billones de reales se destinaron a gastos en intereses y mecanismos financieros de la propia deuda;
«- 307 mil millones de reales quedaron estacionados en la caja del gobierno federal, aumentando el llamado ‘colchón de liquidez’ que sirve para dar garantías a los rentistas y dejar a los bancos tranquilos de que el dinero para los próximos pagos de intereses ya está guardado en efectivo.
«Entre los mecanismos que alimentan el Sistema de la Deuda en Brasil, se destacan los operados por el Banco Central y su política monetaria suicida, que consume centenas de miles de millones de reales anualmente, responsable por la generación y crecimiento exponencial de la deuda ilegítima, debido a las tasas de interés históricamente altas, a la remuneración diaria de los excedentes de caja de los bancos, a los escandalosos contratos de swap, entre otros.
«Todos estos mecanismos ‘generan’ deuda pública, es decir, su stock aumenta, pero el dinero no se emplea en inversiones en interés de la sociedad que pagará la factura de la deuda, sino que retroalimenta el propio Sistema de la Deuda.
El Gobierno divide las cifras de gasto de la deuda entre el pago de intereses y la amortización, que constituye la «renovación» de la deuda: cambia el papel que vence por nuevos bonos. Sucede que contraen nueva deuda, lo que hace crecer las acciones.
«Uno de los factores expresivos que provocan el crecimiento exponencial de la deuda pública está representado por el mecanismo de contabilizar gran parte de los intereses como si fueran amortizaciones.
«Algunos liberales desconocen este mecanismo inconstitucional (hiere el artículo 167, III, de la CF/88) y critican el gráfico del presupuesto ejecutado divulgado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que suma correctamente los gastos con intereses y amortizaciones, teniendo en cuenta que gran parte de los intereses son contabilizados por el gobierno como si fueran amortizaciones (o «refinanciaciones»), lo que comúnmente se llama «rollover».
«En 2021, como ya se mencionó, el costo estimado de los intereses de la deuda pública federal fue de R$ 618 mil millones, pero el gobierno sólo contabilizó R$ 256 mil millones en el rubro de intereses, es decir, cerca de por lo menos R$ 362 mil millones referentes a intereses están siendo indebidamente incrustados en el rubro de amortización, y son propagandizados como si fueran ‘rollover’.
El discurso falaz de que sólo estaríamos «refinanciando» la deuda da la impresión de que la situación no empeoraría y que esa «refinanciación» no tendría efectos presupuestarios ni económicos, ya que la refinanciación significa el mero canje de un título que vence por otro. En realidad los datos demuestran lo contrario: se contrae nueva deuda, aumenta el stock, y los nuevos títulos públicos emitidos son consumidos por el Sistema de la Deuda, incluso para pagar gastos de intereses (gasto corriente), y a esto no se le puede llamar «refinanciación».
«En 2021, por ejemplo, nos encontramos con que casi 1 billón de reales de gasto en la llamada deuda no tiene nada que ver con la llamada ‘refinanciación’, dado que al menos 618.000 millones de reales se destinaron al pago de intereses y 291.000 millones de reales de amortizaciones se financiaron con otras fuentes de ingresos que no tienen nada que ver con la emisión de nuevos bonos públicos».
«Además, la cantidad que puede considerarse como «refinanciación» o «refinanciación» debe tenerse en cuenta en el coste del servicio de la deuda pública, razón por la cual se añade en el gráfico. Cuando el gobierno pide un préstamo, está tomando una decisión política sobre qué hacer con el dinero: invertir en la sociedad o pagar una deuda plagada de ilegitimidad, que nunca ha sido auditada con la participación de la sociedad civil». (ídem)
Parasitismo
Lo que llama la atención aquí es la desproporción del parasitismo.
Mientras que los acreedores de Brasil ocupan la mitad del presupuesto federal (algo atípico incluso para un país atrasado), en los EE.UU., que tiene un presupuesto federal cerca de 8,2 veces mayor que el de Brasil (6 billones de dólares), la deuda pública cuesta el 12% del presupuesto, y la deuda norteamericana es cientos de veces mayor que la de Brasil en su valor bruto, más de 31,2 billones de dólares en octubre de 2022, lo que representa más del 124,9% del PIB calculado para 2021, de 23 billones de dólares.
En Estados Unidos, las fuerzas armadas absorben el 50% del presupuesto. El Estado norteamericano se ha transformado en un enorme aparato policial (una especie de Serasa de las naciones) para amenazar con invadir a quienes no paguen sus deudas. Ese 50% va a parar al principal grupo de capitalistas (el complejo militar-industrial), el armamento, la alta tecnología y los bancos. Si no fuera por las fuerzas armadas estadounidenses, nadie pagaría el 50% del presupuesto en gastos de deuda pública.
«En los países desarrollados, los nuevos préstamos se destinan continuamente a inversiones sociales (incluso con tasas de interés negativas), mientras que en Brasil se utilizan para seguir enriqueciendo a los muy ricos, lo que nos ha condenado a la calamidad social, la injusticia y el atraso tecnológico», dice el informe de la Auditoría de la Deuda Pública de febrero de 2015, ya citado anteriormente.
«Si tuviéramos una deuda de este tamaño [que tenemos hoy], pero que se hubiera utilizado en nuestro desarrollo socioeconómico, estaría bien, pero incluso el TCU ya ha afirmado, como resultado de su investigación para responder a una petición hecha por el Senado, que la deuda federal interna no tiene contrapartida en inversiones en el país», dijo Maria Lúcia Fattorelli, Coordinadora Nacional de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en la conferencia «¿Qué deuda heredará el gobierno de Lula?», celebrada en el canal de YouTube de la organización el pasado 10 de noviembre.
«La deuda pública es la síntesis de un sistema de parasitismo que soportan los pobres del país. No se trata de un problema técnico, Brasil ya ha pagado muchas veces la deuda pública. La deuda es un extraordinario sistema de transferencia de riqueza a los muy ricos, residentes o no en el país. Al tratarse de un sistema complejo, utilizado por especialistas, la población no lo entiende. Los brasileños piensan que los valores se deben, incluso, con un razonamiento de sentido común: ‘si pediste prestado, tienes que pagar'». (ídem)
«Dado que quienes controlan todo son personas vinculadas a los propios banqueros, se trata de un sistema que escapa al control de las estrechas instancias democráticas de la sociedad. Los expertos en la materia siempre denuncian que no hay transparencia alguna en los datos sobre la deuda pública. Como se trata de un sistema de robo de dinero público, que se alimenta a sí mismo, es muy difícil obtener los datos. Los informes oficiales se limitan a aportar los datos, sin un análisis crítico».
«El proceso de endeudamiento público, como otros procesos de malversación de dinero público, tiene que ser oculto, sin transparencia. ¿Cómo es posible que se vaya a desviar el 5% o 6% del PIB a los trillonarios, de una deuda que, en esencia, ya se ha pagado varias veces? Por lo tanto, estos procesos no pueden tener transparencia. Es como las privatizaciones. Para justificar la entrega al capital de bienes públicos fundamentales para la población, los gobernantes responsables tienen que mentir descaradamente. En el caso de Brasil, el problema se agrava porque los grandes medios de comunicación son oligopolísticos y defienden las privatizaciones, dando visibilidad a una sola posición al respecto» (ídem)
La magnitud de los daños
El gobierno de Lula «heredó» de Bolsonaro una deuda de R$ 7,8 billones. Y todo el griterío sobre la responsabilidad fiscal está relacionado con esto. Los intereses de la deuda -que es lo que se ha pagado con tan enorme compromiso del Presupuesto Federal- son una fuente de superbeneficios para los bancos.
«Estamos asistiendo a un auténtico saqueo de la riqueza nacional para alimentar el Sistema de la Deuda, mientras se dejan de lado todas las demás inversiones necesarias para nuestro desarrollo socioeconómico, bajo el falaz argumento de que no habría recursos. En nuestro país no faltan recursos. Además de cerca de R$ 5 billones en caja, hubo un «Superávit Primario» de R$ 64 mil millones en 2021. Pero ¡todo ese dinero se reserva para el rentismo!» (El gasto en deuda pública sin contrapartida casi se duplica de 2019 a 2021, por Maria Lucia Fattorelli y Rodrigo Ávila, en la web de Auditoría Ciudadana de la Deuda, 15/2/2022).
«Sólo R$ 54 mil millones resultantes de la emisión de bonos de la deuda fueron destinados a las áreas sociales, lo que demuestra la falacia del argumento neoliberal, copiado por algunos otros economistas, en el sentido de que la deuda pública estaría financiando áreas sociales como la Seguridad Social, por ejemplo. De hecho, en Brasil la deuda ha servido para sustraer recursos de las áreas sociales: además de consumir prácticamente todos los recursos provenientes de la emisión de nuevos bonos, sigue absorbiendo recursos provenientes de otras fuentes, que podrían destinarse a inversiones en áreas sociales. Según datos del propio gobierno, R$ 291 mil millones de los gastos con la deuda en 2021 fueron financiados con otras fuentes de ingresos, como ganancias del Banco Central (R$ 121 mil millones) y royalties de petróleo (R$ 41 mil millones). Este alto volumen de regalías petroleras utilizadas para pagar la deuda también revela el impacto directo del sistema de endeudamiento en la vida del pueblo, que sufre con el altísimo precio del gas de cocina y de otros combustibles como el diesel y la gasolina, mientras las ganancias de Petrobras enriquecen a los accionistas y la porción destinada al gobierno se consume en gastos de la deuda (ídem).
«Para darnos una idea de lo que significa gastar R$ 448 mil millones en intereses, como ocurrió el año pasado, el presupuesto del Ministerio de Salud para el Sistema Único de Salud (SUS) para este año es de R$ 160,4 mil millones, o sea, 36% del gasto en intereses de la deuda del año pasado. El SUS, que este año sufrió una reducción presupuestaria del 20%, y que vacuna a 170 millones de personas y salva la vida de miles de brasileños todos los años, sobrevive con un tercio de lo que se destina a banqueros y otros parásitos. El presupuesto del Ministerio de Educación para este año es de 138.000 millones de reales. Los presupuestos federales combinados de educación y sanidad para este año (298.000 millones) representan el 64% de lo que Brasil gastó en rentas el año pasado (…) Los costes de la deuda pública representan un parásito gigante que los brasileños llevan en el cuerpo. La deuda es predominantemente un sistema, cuyo objetivo es extorsionar la riqueza de los brasileños en general, para llenar los bolsillos de los especuladores. (El gasto anual en intereses de la deuda equivale a siete Eletrobrás, José Álvaro de Lima Cardoso, 23/5/2022)
¡Pobres banqueros!
La deuda pública nacional es un problema histórico en el país. Afecta directamente al desarrollo nacional. Es la causa principal de la falta de desarrollo, los retrocesos y la miseria general de la población.
«El principio de equilibrio político al que estamos sometidos es simple: es necesario mantener ‘la confianza de los inversores’, es decir, mantenerlos gordos y bien alimentados, sin lo cual se rebelan. Por supuesto, no se trata de inversores en el sentido estricto de inversores productivos, sino de inversores financieros, que ganan por lo que rinden los títulos, sin ninguna proporción con lo que aportan a la economía. Al contrario, al extraer más de lo que aportan, generan un impacto neto negativo en el conjunto de la economía», afirma el economista y profesor Ladislau Dowbor en Una era de capital improductivo, 2017, Outras Palavras & Autonomia Literária).
«La población en general es literalmente succionada del resultado de sus esfuerzos a través de tres mecanismos convergentes. La más tradicional se deriva del hecho de que la productividad de los trabajadores aumenta sin que los salarios aumenten en consecuencia. Aquí tenemos la plusvalía extraída exprimiendo el salario de los trabajadores. En la misma línea está la reducción o el no aumento de los salarios cuando se los come la inflación.
«Una segunda forma de reducir los ingresos de los trabajadores tiene que ver con los salarios indirectos: el acceso a la escuela pública, a los servicios sanitarios, a la seguridad social en general, a las diversas formas de acceso a los bienes y servicios de consumo colectivo. Cuando se ataca esta otra forma de ingresos, por ejemplo transformando los impuestos en pagos de la deuda pública, o congelando la capacidad del gobierno para ampliar las políticas sociales, el resultado es otro frente de reducción de la participación de la mayoría en el producto social.
«Una tercera forma de reducir el derecho de la población a acceder a bienes y servicios es aumentar el tipo de interés tanto para particulares como para empresas. Cuando un individuo se ve obligado a pagar más del 100% de un producto vendido a crédito -una incomodidad que evitan los ricos que pueden pagar en efectivo-, su capacidad de compra se ha dividido por dos: se empobrece. Cuando una pequeña empresa se ve extorsionada por los intereses bancarios -algo que una multinacional evita endeudándose en el extranjero o con la empresa matriz, con tipos de interés incomparablemente más bajos-, su capacidad de invertir y producir se reduce drásticamente.
«Si sumamos los intereses de la deuda pública que restringen el acceso de la población a los bienes públicos, con los intereses que encarecen el consumo y frenan la inversión, tenemos aquí un fenómeno de apropiación indebida generalizada: la extracción de una parte del excedente socialmente producido por quienes se limitan a controlar y exigir el rendimiento de sus papeles» (ídem).
Pero lo más significativo es que todo este dinero recaudado por el Estado constituye también un ahorro nacional para invertir en el desarrollo nacional. En el capitalismo, no hay desarrollo sin capital o, dicho de otro modo, sin acumulación de capital. Más aún, en países capitalistas atrasados como Brasil, los capitalistas individuales no poseen el capital necesario para desarrollar el país, de ahí que las principales obras de infraestructura, como la generación de electricidad, la prospección de petróleo, las acerías, etc. fueran obra del Estado y no de inversiones privadas. En la medida en que el ahorro acumulado en manos del Estado se transfiere a los especuladores financieros, que no invertirán en el desarrollo de ninguna actividad productiva, la economía capitalista nacional se encuentra ante un callejón sin salida.
«La Bolsa es ahora una fuente relevante de capital para la inversión real, un canal que ha estado obstruido», afirman Fraga y compañía.
«Los inversores extranjeros colocaron 81.000 millones de reales en la B3 (Bolsa de São Paulo) en 2022. Hubo una inyección de R$ 1 billón contra la retirada de R$ 919 mil millones desde el inicio del año hasta el lunes (21.Mar.2022), último dato disponible». (Entrada de capital extranjero supera R$ 80 mil millones en B3 en 2022, portal Poder 360, 23/3/2022)
«La entrada neta de fondos internacionales en B3 ya supera todo el saldo positivo de R$ 70,76 mil millones del año pasado, cuando hubo un récord en la serie histórica – que comenzó en 2004». (ídem)
Pero, ¿a dónde va ese dinero? «La media móvil de 10 años de crecimiento de la economía brasileña cayó del 3,84% anual en el tercer año de gobierno de Dilma Rousseff a un exiguo 0,29% anual en el tercer año de gobierno de Bolsonaro» señala el economista José Luis Oreiro en su blog (en el artículo Reindustrializar Brasil para la reanudación del desarrollo económico con inclusión social, 10/10/2022).
«La desaceleración del crecimiento de la economía brasileña comienza en 1974, con la crisis capitalista mundial, durante el gobierno del general Geisel, y se manifiesta claramente en 1977, cuando la media móvil decenal de la tasa de crecimiento alcanza su valor máximo en el 8,67% anual, cayendo progresivamente hasta llegar al 1,64% anual en el primer año del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso.
«Durante el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se produjo una breve aceleración del crecimiento, que pasó del 2,55% anual en la media móvil decenal de 2003 al 3,53% en la media móvil decenal de 2010. Esta aceleración del crecimiento alcanzó su cenit en 2013, bajo el Gobierno de Dilma Rousseff, cuando la media móvil a diez años llegó al 3,84% anual.
«(…) La participación de la industria de transformación en el PIB en 2021, durante el gobierno de Bolsonaro, es la más baja de la historia desde 1947, durante el gobierno del Mariscal Dutra. En cifras, en 1947 la participación de la industria de transformación era del 13,06%. En 2021, la participación de la industria de transformación se había reducido al 10,44%» (ídem).
En otras palabras, la «inversión» en bolsa nunca se ha traducido en inversión en infraestructuras y servicios. No es más que especulación financiera y la realidad es que la economía brasileña lleva casi medio siglo en una continua trayectoria descendente.
«Brasil se está convirtiendo en una gran granja, incapaz de crecer y producir empleo e ingresos para una población de más de 210 millones de personas». (ídem)
Con un sistema así no es posible invertir en el desarrollo de la industria nacional, por no hablar de las inversiones sociales, en sanidad, educación, salario mínimo, seguridad social, etc. Cuando el presidente electo habla de la reindustrialización del país, significa que es necesario afrontar el problema de la deuda pública.
«El sector financiero recibe intereses, sí, pero presta servicios y traslada gran parte de los intereses al resto de la economía, que deposita allí sus recursos», afirman los autores de la carta abierta al presidente electo. ¿Qué servicios? ¿Son los bancos que se benefician de la deuda pública responsables de garantizar la educación y la sanidad gratuitas? No. Es deber del Estado y es el dinero que se destina a pagar los intereses de la deuda lo que se necesita para reducir las colas en el SUS, contratar profesores y proporcionar infraestructuras adecuadas en todos los niveles de la enseñanza, entre otras muchas cosas.
El pago de la Deuda Pública estrangula las cuentas públicas. Mientras los grandes bancos se llevan casi el 51% del Presupuesto Federal, sólo queda un 4,18% para Sanidad y un 2,49% para Educación. «¿Por qué falta dinero para áreas de crucial impacto social?», se preguntan los economistas, defensores de los beneficiarios del pago de intereses de la Deuda Pública. «Porque, implícita o explícitamente, no se les da prioridad. Esta es la realidad, que hay que afrontar con transparencia y valentía», dijeron los portavoces de los banqueros.
Sí, no se da prioridad, pero ¿por qué? Pues porque cada vez que se pone en riesgo el sacrosanto sistema de pago de la deuda, los banqueros, economistas y demás abogados del sistema financiero se alzan para justificar las acciones que lo impiden. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora.
La cuestión clave es precisamente ésta: Lula está proponiendo implícitamente que el Estado, en lugar de acumular todo el dinero en efectivo para ofrecerlo en holocausto a los banqueros, invierta ese dinero en el área social y en el desarrollo nacional. La furiosa resistencia de los banqueros y sus portavoces se debe exclusivamente a esto. Son los únicos que tienen las de perder con la política propuesta por el Gobierno que asumirá el poder el 1 de enero.
Aunque Lula logre sustraer una pequeña parte del pago a los banqueros, esto no será suficiente para revertir la caída libre de la economía nacional. Para ello es necesario enfrentarse al sistema en su conjunto, además de tomar otras medidas, como revertir las privatizaciones llevadas a cabo en los últimos 30 años. No será posible hacerlo por medios institucionales, ya que el régimen político y el Estado nacional están bajo el control de este «mercado financiero». Sólo un movimiento revolucionario puede cambiar esta situación.
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