ECUADOR
La dictadura de Noboa intensifica el golpe contra el partido de Corrêa
La persecución imperialista contra Revolución Ciudadana y Luisa González alcanza un nuevo capítulo
El régimen bonapartista de Daniel Noboa, uno de los puntales del imperialismo en América Latina, ha intensificado su ofensiva judicial contra la oposición en Ecuador. El ex presidente Rafael Correa denunció abiertamente la «evidente persecución» organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana (RC), y toda la dirigencia del movimiento.
En una publicación fechada el 1 de diciembre de 2025, Correa expuso el mecanismo utilizado para atacar a la oposición: «una deshonesta y vendida presidenta del CNE denuncia al principal opositor de su jefe, y la denuncia es admitida por un juez suplente del TCE, otra sucursal de Carondelet». La demanda, admitida por el juez Richard González, acusa al CR de violar el artículo 281 de la ley electoral por supuestos vicios en la contabilidad detallada de la campaña anticipada de 2023 (origen, monto y naturaleza de los fondos) a riesgo de fuertes multas y suspensión de derechos políticos de dos a cuatro años. Se busca inhabilitar a González, Karina Zambrano (responsable financiera), Francisco Hidalgo (coordinador de campaña), Pierina Correa (hermana de Rafael) y varios candidatos a asambleístas nacionales. La audiencia única de presentación de pruebas y alegatos está prevista para el 7 de enero de 2026. Paralelamente, otra denuncia presentada por Diana Atamaint apunta directamente al binomio González-Arauz en las elecciones de 2023, profundizando la persecución al correísmo.
Sobre esta nueva acción, Correa se burló del «chiste» de la operación, contrastándola con la impunidad de Noboa, quien «se roba 70 millones de dólares con una ley inconstitucional y no pasa nada». El ex mandatario envió un «abrazo solidario a Luisa y a todos los compañeros perseguidos por las mafiosas ‘autoridades’ electorales, compinches de Carondelet».
La comparación con lo que ocurre en Brasil y el resto de América Latina es inevitable: el poder judicial ecuatoriano, que tolera el saqueo de las transnacionales y reprime a la izquierda contra las políticas privatizadoras neoliberales, las bases militares imperialistas y la represión contra los trabajadores, tiene un gran parecido con el poder judicial brasileño, que actúa de la misma manera e incluso cuenta con el apoyo de sectores de la izquierda pequeñoburguesa.
Desde el golpe de 2017, organizado por Lenín Moreno con el apoyo de la derecha proimperialista y la DEA, Rafael Correa vive exiliado en Bélgica, blanco de una furibunda persecución judicial, con decenas de causas inventadas -entre ellas el caso Sobornos (ocho años de prisión e inhabilitación por 25 años) y las acusaciones de secuestro de Balda y Rebelião-, todas carentes de pruebas concretas y destinadas a desterrar de la vida política ecuatoriana al líder de la «Década Ganada».
El imperialismo también ha logrado, igualmente sin pruebas, condenar a su vicepresidente Jorge Glas en múltiples casos: Odebrecht, Singue, Reconstrucción de Manabí (otros 13 años en 2025), así como detenciones arbitrarias, revocatorias de habeas corpus y hasta la invasión de la embajada de México en Quito por orden de Noboa, en flagrante violación del derecho internacional.
En las elecciones anticipadas de 2023, convocadas tras la destitución de Guillermo Lasso en medio de la parálisis popular, Noboa, heredero de la burguesía y servil aliado del imperialismo, se impuso a González-Arauz en la segunda vuelta en medio de un estado de sitio, con 600 detenciones políticas, acusaciones de fraude electoral y represión, incluyendo acciones contra los «observadores internacionales», a quienes los órganos imperialistas suelen tratar como figuras sagradas cuando quieren atacar a gobiernos populares como el de Venezuela. Reelecto en 2025 bajo un procedimiento similar, Noboa profundiza la política neoliberal y la entrega del país: referéndum rechazado por amplia mayoría popular, huelgas de 31 días contra la carestía y la represión, y ahora este ataque directo a la RC, destinado a impedir cualquier resistencia popular.
