AMÉRICA LATINA
Fuerzas Armadas amenazan partidos que denuncian el golpe de Estado en Honduras
"Aunque me lleven a ese pleno a punta de pistola, no me obligarán a convalidar un fraude", reaccionó un miembro del consejo electoral
La emisora venezolana teleSUR denunció el lunes (22) una etapa más del proceso golpista en curso en las elecciones generales hondureñas, celebradas el 30 de noviembre. El Partido Libre, afín al nacionalismo burgués hondureño, ya había presentado una solicitud formal para que se anulara el conteo de votos, tras detectar graves irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en el escrutinio final.
La periodista de TeleSUR, Karin Duarte afirma lo siguiente:
«Mis colegas del Partido Libertad y Refundación (Livre) y del Partido Liberal denunciaron que miembros de las Fuerzas Armadas amenazaron con detener de inmediato a los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JVR) si persistían en el envío de «actas de escrutinio en ceros», un procedimiento totalmente legal cuando se detectan graves inconsistencias en los centros de votación.»
Además, el Partido Libre utilizó las redes sociales para publicar un vídeo en el que afirmaba que sus representantes habían sido intimidados por los militares. Los militares supuestamente les dijeron que no enviaran los votos nulos o las hojas de recuento puestas a cero, bajo amenaza de expulsarlos de los colegios electorales y detenerlos. El corresponsal de teleSUR informó de que al menos 200 miembros del Partido Liberal habían recibido amenazas similares.
Según el artículo 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras, los militares no tienen participación en el proceso electoral; su misión se limita a garantizar la seguridad del proceso y de los materiales.
Según teleSUR,
«las actas de escrutinio cero son un instrumento legal de control del sistema electoral hondureño. Las juntas especiales están autorizadas a emitirlas cuando existan inconsistencias irreconciliables, como falta de firmas, discrepancias entre actas de escrutinio, datos contradictorios o declaración formal de nulidad. Lejos de ser una irregularidad, su uso protege la integridad del voto y la voluntad popular».
Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció que impugnará los resultados y se negó a validar lo que calificó como un proceso fraudulento supervisado por intereses externos.
«Aunque me lleven a punta de pistola a ese pleno, no me van a obligar a convalidar un fraude», declaró Ochoa.
La candidata de Libres, Rixi Moncada, fue tajante al denunciar un «golpe electoral en marcha». Achaca esta maniobra a una alianza entre la burguesía local hondureña y el gobierno de Estados Unidos, denunciando el apoyo incondicional de este país a la candidata del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Ochoa insistió en que la única solución legítima es el recuento voto por voto, urna por urna, con la apertura de las 19.167 mesas electorales. Por otra parte, representantes del Partido Liberal permanecen concentrados frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), exigiendo al CNE que aclare las irregularidades en más de 2.000 actas de votación.
En los últimos resultados preliminares disponibles, la diferencia entre los dos principales candidatos era escasa: 40,52% (1.298.835 votos) para Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional (apoyado por Trump), y 39,20% (1.256.428 votos) para Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En tercer lugar se sitúa Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19,29% (618.448 votos).
