AMÉRICA LATINA
El Presidente de Guatemala denuncia un intento de golpe de Estado
Bernardo Arévalo, presidente del país, denuncia un nuevo golpe de Estado
En declaraciones realizadas el 26 de octubre, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un intento de golpe de Estado orquestado por sectores del poder judicial. La acusación, hecha en televisión nacional, apunta directamente a la Fiscal General, Consuelo Porras, y al Juez Fredy Orellana, calificados por Arévalo como «enemigos del pueblo guatemalteco». Minutos después del discurso, el Ministerio Público (MP) respondió criticando la injerencia presidencial.
La denuncia se produce en medio de la inestabilidad política que asola Guatemala desde hace décadas. La propia elección de Arévalo en 2023 estuvo marcada por obstrucciones, protestas y maniobras legales contra varios candidatos.
En junio de 2023, Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente Juan José Arévalo, icono de la «Revolución de 1944», resultó vencedor de las elecciones generales. Representando al Movimiento Semilla, partido creado en respuesta a las manifestaciones de 2015, Arévalo obtuvo el 58% de los votos en la segunda vuelta, derrotando a la ex primera dama Sandra Torres. Su campaña se centró en la lucha contra la corrupción.
Poco después de su victoria, la Fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, suspendió el partido Semilla por supuestas irregularidades en el registro, una maniobra para anular los resultados electorales. En agosto, Arévalo reveló que era objeto de un plan de asesinato, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exigir medidas urgentes de protección. En octubre estallaron protestas, con bloqueos de carreteras, exigiendo el fin de la «persecución electoral» y una transición de poder garantizada.
En diciembre, el juez Fredy Orellana pidió la anulación total de las elecciones, alegando fallos en el procesamiento de los votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Arévalo contraatacó, declarando que el «golpe» había sido «bloqueado» gracias a la presión popular, y prometió gobernar «sin miedo». La Corte de Constitucionalidad (CC), en una importante decisión, confirmó los resultados y allanó el camino para la investidura, pero no sin retrasos: la ceremonia, prevista para el 14 de enero de 2024, no se celebró hasta la madrugada del día 15, tras más de 10 horas de obstrucción en el Congreso, en una especie de golpe de Estado en marcha.
Cuando cumplió 100 días, en abril de 2024, Arévalo ya admitió que estaba «durmiendo con el enemigo»: rodeado de instituciones hostiles, como la Fiscalía y el Poder Judicial, creó una comisión anticorrupción y denunció a un ex ministro por irregularidades en la contratación pública.
La reciente petición de Orellana de declarar vacantes los cargos de Semilla, incluida la presidencia, ha vuelto a poner de actualidad la crisis del país centroamericano. Arévalo, junto a la vicepresidenta Karin Herrera y diputados del partido, pidió a la nación y a la imperialista Organización de Estados Americanos (OEA) que activen la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo de defensa colectiva contra las rupturas democráticas. «Se trata de un claro intento de golpe de Estado», dijo el presidente, pidiendo la inmediata destitución de Orellana por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La OEA reiteró su respeto a los resultados de 2023, subrayando: «respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en las elecciones generales de 2023, que se celebraron con plena legitimidad». El Colegio de Abogados de Guatemala (OAG) calificó la acción de Orellana como una «violación a la supremacía constitucional», mientras que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se unió al «llamado contra los intentos golpistas». Los indígenas de Semilla declararon a Porras y Orellana «enemigos de la nación» y exigieron que fueran llevados ante la justicia.
