Con un 3% de 'aprobación', Boluarte endurece dictadura en Perú

La presidenta golpista de Perú, Dina Boluarte, cerrará 2024 con el índice de aprobación más bajo de su gobierno, alcanzando apenas el 3%, según una reciente encuesta realizada por la empresa Datum a petición del diario peruano El Comercio. La encuesta, realizada entre el 6 y el 10 de diciembre con 1.222 entrevistados, muestra que un increíble 95% de los peruanos desaprueba el gobierno de Boluarte, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales en el descontento popular respecto a los primeros meses del año, cuando el rechazo fue del 85%.

Los datos revelan que la mayor tasa de desaprobación se concentra entre los peruanos de 35 a 54 años, quienes registran apenas un 1% de aprobación. Geográficamente, la situación es aún más crítica en las regiones central y sur del país, donde el apoyo al gobierno golpista alcanza sólo el 1% y el 2%, respectivamente. Entre las principales razones de la bajísima popularidad se encuentran la frustración de la población con la gestión del presidente y la percepción de indiferencia hacia los problemas fundamentales del Perú. Un tercio de los entrevistados, es decir, el 33%, dijo sentirse decepcionado con el gobierno de Boluarte, mientras que el 20% expresó indignación por la postura del presidente ante las demandas reales de la población.

Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras un golpe de Estado perpetrado por el Congreso peruano y responsable de poner fin al mandato del entonces presidente Pedro Castillo, quien, ante un parlamento hostil, intentó disolver el legislativo y convocar una Asamblea Constituyente. Desde que asumió el liderazgo de la Casa de Pizarro (sede del gobierno peruano), Boluarte se ha mostrado incapaz de dar una solución a la crisis que comenzó a finales de la década pasada y se reanudó tras la caída de Castillo, provocando escándalos como como el llamado “Rolexgate”, relacionado con obsequios recibidos, además de ser sometido a investigaciones por la participación de su hermano en actividades delictivas.

Además, la brutalidad ante las manifestaciones populares, que se saldaron con decenas de asesinatos, sumada a las polémicas en torno a sus cirugías estéticas, profundizaron la percepción de un gobierno alejado de la población y ajeno a las necesidades reales del país. El último escándalo se debe a una cirugía de nariz, que generó acusaciones de que el presidente había cometido “crime de abandono de cargo” por no informar el procedimiento. Reforzando el salvaje oeste que vive el país andino, el Ministerio Público peruano no abrirá investigaciones contra el presidente por el caso.

La crisis política y el colapso de la aprobación de Boluarte coinciden con una verdadera agitación social en el Perú. El descontento popular se responde con medidas excepcionales, como el Estado de Sitio en 14 distritos de Lima y Callao. La medida, decretada inicialmente el 27 de septiembre y prorrogada por otros 45 días el 27 de noviembre, prevé la participación de las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las calles, con el pretexto de combatir la delincuencia. Los distritos afectados incluyen regiones pobladas como San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres y Villa El Salvador.

Firmado por Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los ministros del Interior y de Defensa, el decreto impone restricciones a derechos constitucionales como la libertad de reunión, de tránsito y de la inviolabilidad del domicilio. La dictadura de Boluarte, que se presenta como defensora del orden, aplica la fórmula clásica de los regímenes autoritarios: bajo la apariencia de “lucha contra el crimen”, el gobierno restringe las libertades civiles y reprime violentamente las manifestaciones de la propia población.

Mientras aumenta la presencia militar en las calles, la dictadora anuncia leyes aún más bárbaras contra la población. El 10 de diciembre, Boluarte propuso reintroducir en el país la pena de muerte, abolida en 1979 a raíz del caso del asesinato de una niña de 12 años, presuntamente violada en un barrio pobre de Lima. En acto oficial ante la Fuerza Aérea del Perú, Boluarte sostuvo que “Ha llegado el momento” debatir la pena capital para violadores de menores, afirmando que “No debemos tener ningún tipo de contemplación con quien se atreva a tocar a nuestros niños y niñas”, que, por supuesto, no es más que un pretexto para cerrar el régimen

La propuesta depende de una reforma constitucional que será aprobada por el Congreso, pero encuentra resistencias por entrar en conflicto con acuerdos internacionales suscritos por Perú contra este tipo de castigo. Aunque la legislación actual prevé la cadena perpetua para los delitos de violación contra menores de 14 años, Boluarte apuesta por medidas aún más represivas para endurecer el régimen peruano. En los últimos 30 años, al menos ocho propuestas similares han sido archivadas por la Legislatura peruana.

Desde el golpe contra Castillo, Perú vive bajo un régimen de terror que reprime violentamente a la población. Hasta febrero de 2023, los datos oficiales registraban 69 civiles asesinados, un policía y seis militares.

Además de los muertos, 1.881 personas resultaron heridas y 608 fueron detenidas en protestas contra la dictadura. Estas cifras son sólo cifras oficiales e indican la brutalidad del aparato represivo instalado en el país desde el ascenso de Boluarte al poder.

Bajo la justificación de “luchar contra el crimen”, Dina Boluarte gobierna Perú como una dictadura abierta, sin preocuparse por ocultar su verdadera naturaleza. Mientras su popularidad se acerca al núcleo duro del rechazo, el gobierno intensifica la violencia contra la población y recurre a medidas autoritarias, profundizando aún más la crisis política y social en el país.

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