La continuidad del sindicalismo vertical en España

PORTUGUES: 21/04/2023*

El Gobierno español anunció que debería mantener el presupuesto de 17 millones de euros para la financiación de entidades sindicales. El hecho de que la mayor parte de los ingresos de los sindicatos españoles provenga del gobierno los deja atados a su política.

Financiación récord

En 2022, hubo un aumento del 22,44% en el presupuesto para los sindicatos en España. Pasando de 13,88 millones de euros en 2021 a 17 millones de euros en 2022, que se mantendrán en 2023.

Considerando la ejecución presupuestaria de las entidades sindicales bajo esta rúbrica estatal, este año habrá un financiamiento récord para los sindicatos. Un importe considerable pasando a los sindicatos a discreción del estado.

Es interesante comparar el reflejo de esta intervención estatal en las entidades, analizaremos aquí el caso de la Unión General de Trabajadores (UGT). Por conveniencia, realizaremos esta comparación en el año fiscal 2021, este balance se publica en el sitio web de UTG.

En el año 2021, UGT tuvo unos ingresos totales de 24.752.069,00 €, de los que 10,2 millones € procedían directamente del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Es decir, en 2021 pasó por el escrutinio de Sánchez el 41,2% de los ingresos de UGT, aumento que sólo se produjo en 2022, cuando cayeron los ingresos de la entidad y hubo un aumento del 22,44% en las transferencias del Estado.

Sindicatos paralizados

El resultado de esta dependencia financiera de los sindicatos del gobierno es la parálisis total. Incluso con medidas extremadamente antipopulares, contrarias a su plataforma de campaña.

Sánchez no tocó la Reforma Laboral, la Ley Mordaza, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). No avanzó hacia la vinculación de las jubilaciones al IPC ni anuló el factor de sostenibilidad, manteniendo el recorte de las pensiones.

Mantuvo la acusación de sedición contra los líderes independentistas de Cataluña y el endurecimiento de las políticas de inmigración en el Mediterráneo.

Lo que pesó muy positivamente para Sánchez fue la considerable subida del salario mínimo español. Desde 2018, el salario mínimo español ha tenido seis subidas, pasando de 735,90€ a 1.080€ en 2023, un 46,75% más. (n.t. Para ajustarse a la media de la UE.)

Sin embargo, con la precariedad de las condiciones laborales y la informalidad de los puestos de trabajo, este aumento del salario mínimo no tuvo el impacto positivo debido a las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El tema es que aún con el aumento del salario mínimo, el poder adquisitivo ha disminuido significativamente. La inflación afecta principalmente a las partidas más básicas como la energía, imprescindible en el invierno europeo.

En septiembre de 2018, el precio del megavatio (MWh) por hora era de 70,8 € (un 48% superior al mismo periodo de 2017). En 2022, el precio medio en el mercado ibérico estuvo por encima de los 167 €/MWh.

Incluso con todo este endurecimiento durante la pandemia y los demás ataques a las condiciones de vida de los trabajadores en el gobierno de Sánchez, los sindicatos españoles quedaron inmovilizados.

Sindicalismo vertical

Aunque por ley fueron legalmente abolidos con la constitución de 1978, la estructura y forma de funcionamiento de los sindicatos españoles es muy cercana al sindicalismo vertical.

El sindicalismo vertical fue promulgado por la Ley de 9 de marzo de 1938 del Fuero del Trabajo durante la dictadura franquista. En él, todas las relaciones eran controladas por el Estado, pasando a formar parte del mismo el sindicato. En el Capítulo XIII de este se pone lo siguiente:

La Organización Nacionalistas del Estado se inspirará en los principios de Unidad, Totalidad y Jerarquía.
El sindicato vertical es una corporación de derecho público que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado

Hasta el día de hoy, tanto en la forma de financiamiento como en las organizaciones, los órganos representativos de los trabajadores están vinculados al Estado. Más como secciones del Ministerio de Trabajo que organizaciones laborales en sí mismas.

Existe una dependencia directa de estas entidades, siendo el tema financiero el principal medio de control en la actualidad. Por ejemplo, las entidades que tienen condenas judiciales, administrativas u otras condenas pendientes tienen su financiación suspendida.

En definitiva, una huelga más fuerte, considerada ilegal, u otra acción desaprobada por el Estado burgués, conlleva la suspensión de las finanzas. Como resultado, los trabajadores españoles terminan siendo asistidos por “empleados temporales” en lugar de líderes sindicales que defienden sus intereses.

Finalmente, tenemos el mismo mecanismo que la dictadura franquista actuando contra los trabajadores y saboteando el movimiento popular.

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